MONALIGE POSTURA ANTE LA INDEPENDENCIA DE GUINEA ECUATORIAL

Texto editado por: Esasom Mba Bikie 

Los dirigentes del Movimiento Nacional de Liberación de la Guinea Ecuatorial (MONALIGE) 

Los dirigentes del MONALIGE declararon que consideraban la independencia como el mejor medio de solucionar los problemas de la Guinea Ecuatorial, tanto los de índole institucional, como los económicos y sociales. También reiteraron su petición anterior de que se fijara la fecha de la independencia antes de expirar el mandato de la administración actual. A su juicio, la fijación de la fecha de la independencia se justificaba por el estado de madurez política del Territorio. Además, la posición económica del Territorio, que España había señalado en reiteradas ocasiones, le daba mayor derecho a la independencia que a muchos otros países que habían llegado a la independencia en circunstancias menos favorables.

A este respecto recordaron que en un discurso pronunciado el 31 de diciembre de 1965, el Jefe del Estado español había manifestado su firme voluntad de seguir promoviendo sin retrasos, ni vacilaciones, el progreso del pueblo de la Guinea Ecuatorial a fin de que estuviera plenamente preparado para enfrentarse con el futuro. En el mismo discurso el Jefe del Estado había declarado que, en todo caso, España defendería su voluntad de libre decisión. Los peticionarios recordaron luego que, en una declaración que hizo en Argel el 20 de junio de 1966, el Presidente del Consejo de Gobierno había dicho que, según las informaciones oficiales de que disponía, era deseo expreso y formal del Gobierno español "que Guinea Ecuatorial escoja cuando quiera su propio camino político, es decir la independencia total".

Los peticionarios también deploraron las maniobras que, según ellos, se habían efectuado con la aprobación de algunos miembros del Gobierno autónomo para mantener a los autóctonos de la Guinea Ecuatorial en una situación de subordinación política, económica y social. Señalaron la ausencia de un criterio racional de africanización de la administración y la evidente discriminación, en cuanto a grado, salario y otras condiciones de servicio, entre los españoles europeos y los africanos que hacían el mismo trabajo administrativo. A esto se debió la huelga de funcionarios que tuvo lugar del 20 al 25 de abril de 1966.

Además, los peticionarios se quejaron de que las actividades del MONALIGE, que contaban con el apoyo de la gran mayoría de la población de la Guinea Ecuatorial eran obstaculizadas sistemáticamente, ahogándose así la expresión de la voluntad del pueblo. Por ejemplo, una reunión del MONALIGE que debía efectuarse el 19 de diciembre de 1965 para presentar formalmente la propuesta de independencia había sido suspendida por el Gobierno español. Posteriormente, en enero de 1966, los dirigentes del MONALIGE habían enviado una nota al Gobierno español para pedir que las fuerzas militares españolas situadas en la Guinea Ecuatorial suspendiesen toda acción armada o represalia contra la actividad política relacionada con la independencia y que se fijase inmediatamente una fecha para la pronta independencia del Territorio mediante un plebiscito que debería efectuarse con los auspicios de las Naciones Unidas. En esa nota también se pedía que se diese libertad de acción al MONALIGE y que se le autorizara a celebrar conversaciones con el Gobierno español respecto de la fijación de la fecha y condiciones de la independencia. No se recibió contestación a esa nota.

Según los peticionarios, un ejemplo de la inmovilidad del Gobierno español era el no haber respaldado una moción aprobada por la Asamblea General del Territorio el 29 de abril de 1966 y encaminada a revocar al Consejo de Gobierno por su falta de autoridad y de prestigio ante el pueblo, la incapacidad de su administración y su despilfarro de los fondos públicos. El Comisario General ni siquiera. remitió oficialmente esta moción al Gobierno español.

Además, ciertas instituciones metropolitanas habían proporcionado apoyo financiero a un movimiento procolonialista conocido por el nombre de MUNGE, partidario de la continuación de la presencia española en el Territorio. Las maniobras neocolonialistas del Gobierno español habían tenido por fruto la creación de un micronacionalismo artificial entre los naturales de Fernando Poo, encaminado a separar la isla de la entidad territorial y mantenerla unida a los intereses españoles. Por ese motivo, el MONALIGE proclamaba solemnemente la inviolable unidad de Fernando Poo y Río Muni, que debían lograr su independencia como entidad política unidad.

Los actos del Consejo de Gobierno estaban sujetos a censura previa y al dictamen de las autoridades españolas en un grado que, según los peticionarios, quedó demostrado por un suceso reciente. En mayo de 1966 el Consejo de Gobierno había presentado al Gobierno español un informe general sobre el Territorio en el que, entre otras cosas, señalaba que sus relaciones con la Asamblea General no habían sido armoniosas y que no se había progresado nada con respecto a los varios proyectos previstos en el actual plan de desarrollo. En su informe el Consejo de Gobierno también subrayó la urgente necesidad de anular las leyes que prohibían el establecimiento de compañías extranjeras y la entrada de capital extranjero. A principios de junio de 1966 el Director General de Plazas y Provincias Africanas del Gobierno español se había trasladado al Territorio, había celebrado una reunión con el Consejo de Gobierno y había obtenido su consentimiento para preparar una versión revisada del informe en la que no se hacía referencia a las cuestiones antes mencionadas.

Al insistir en que se declarase la independencia en la fecha más próxima posible, el MONALIGE estaba dispuesto a garantizar, como concesión, la seguridad personal y los bienes de los españoles, la libertad de entrada de los inmigrantes españoles en el Territorio y la prioridad de las relaciones políticas, económicas, culturales y de otra índole con España. El 19 de agosto de 1966 un grupo de diecinueve peticionarios afiliados al MONALIGE, dirigidos por un abogado, Don Tomás Alfredo King, se dirigió al Subcomité en Santa Isabel. Tras una descripción de la composición étnica del Territorio, los peticionarios informaron al Subcomité de que el MONALIGE, que había sido fundado veinte años atrás, representaba a todos los grupos étnicos del Territorio y estaba luchando por la libertad y el bienestar del pueblo.

Ninguno de sus miembros actuales tenía ningún cargo oficial en el Gobierno autónomo. Existía otro grupo político, conocido por el nombre de MUNGE, cuya formación, según ellos, había sido motivada por maniobras colonialistas encaminadas a dividir a la población y por ambiciones personales. El MUNGE estaba integrado por personas que tenían cargos oficiales o aspiraban a tenerlos y que habían recibido favores especiales. Recordaron que Don Bonifacio Ondo Edú, que era un dirigente del MUNGE, había sido anteriormente miembro del MONALIGE. En conclusión, informaron al Subcomité de que el pueblo apoyaba unánimemente la petición de independencia inmediata formulada por el MONALIGE.

El 20 de agosto de 1966 el Subcomité celebró una reunión con el mismo grupo de peticionarios. El Sr. Alfredo King informó al Subcomité de que el MONALIGE tenía un objetivo definido, a saber, la independencia inmediata. Los habitantes del Territorio no eran más que ciudadanos de cuarta clase, privados de los derechos, la protección legal y los privilegios que se reconocían a los residentes españoles. Observó, por ejemplo, que el 99%, aproximadamente, de las tierras cultivables estaban en manos de los colonizadores. Se autorizaba a los colonos españoles para comprar tierras libremente y sin limitación alguna, mientras que los autóctonos sólo podían adquirir cuatro hectáreas por persona. Si un autóctono deseaba adquirir más de cuatro hectáreas, sólo podía hacerlo a nombre de otro miembro de su familia, quien tenía que demostrar que cultivaba personalmente la tierra.

En las leyes pertinentes y en la aplicación de las mismas, según constaban en la Gaceta oficial, podían encontrarse pruebas de estas incapacidades. El Sr. King añadió que, en teoría, un autóctono podía adquirir otras tierras en pública subasta. Pero, por una parte, esas subastas sólo se celebraban en Madrid y, además, podían asistir a ellas todos los ciudadanos, compañías y sociedades españoles, con el resultado que un autóctono se encontraba evidentemente en una situación en extremo desventajosa. El sistema de subastas públicas había dado lugar a mucho ausentismo entre los terratenientes y a la constitución de extensísimas plantaciones, como la de ENASA, que era de propiedad española y controlaba 10.000 hectáreas.

EL COMERCIO estaba casi totalmente en manos de residentes españoles. Los africanos que querían dedicarse al comercio no gozaban de ninguna protección legal y, por lo tanto, no estaban en condiciones de competir en ese terreno. La situación había empeorado con las leyes recientes que concedían a los residentes españoles los mismos derechos que a los autóctonos. El Sr. King observó a este respecto que el pueblo de la Guinea Ecuatorial no gozaba de los mismos derechos en España que los ciudadanos españoles. No era de sorprender que no hubiese ningún comerciante africano importante, ni siquiera en los negocios de cacao y de café.

REFIRIÉNDOSE A LAS CONDICIONES DE TRABAJO, el Sr. Alfredo King declaró que la estructura del trabajo era piramidal, con los residentes españoles en la cumbre y los trabajadores africanos en la base. El sistema de salarios era altamente discriminatorio y la legislación vigente tendía a perpetuar esa situación. Los trabajadores africanos importados, que solían ser contratados por dos años, recibían salarios bajísimos y no se les permitía ocupar otras posiciones, ni trasladarse a otras partes del Territorio antes de la expiración de su contrato. El salario mínimo establecido por ley, a saber, 900 pesetas mensuales con jornadas de ocho horas era absolutamente insatisfactorio. Además, los trabajadores africanos importados sólo recibían en realidad el 50% del salario, quedando depositado el 50% restante, que sólo se les pagaba cuando iban a salir del Territorio. No existía ninguna disposición con respecto a pensiones, ni a seguridad social para los trabajadores africanos. En cambio, los residentes españoles que trabajaban en las granjas como capataces o inspectores recibían por lo menos 5.100 pesetas mensuales. Los trabajadores africanos sólo disfrutaban de veinticuatro días de vacaciones cada dos años. Los trabajadores africanos importados debían renovar sus contratos dentro de los diez días de la expiración de los mismos; caso de no hacerlo, eran deportados. Los trabajadores africanos autóctonos se encontraban en el mismo caso y, si no renovaban sus contratos, quedaban expuestos a encarcelamiento en virtud de la ley de vagos. Toda la contratación de mano de obra africana debía efectuarse bajo fiscalización del Gobierno. Por otra parte, los trabajadores españoles que también venían al Territorio con contratos de dos años no sólo disfrutaban de quince días de vacaciones anuales, sino que al terminar el contrato se les concedían seis meses de vacaciones en el hogar, con pasajes pagados para ellos y sus familias.

EN CUANTO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, el Sr. King declaró que sólo los africanos eran encarcelados por delitos comunes. Las condiciones en las cárceles eran espantosas. En cambio, los residentes españoles acusados de los mismos delitos nunca eran enjuiciados o, si lo eran, se les condenaba a pequeñas multas. Sólo se les enjuiciaba por delitos graves como el homicidio y, si se les declaraba culpables, eran condenados a prisión; en tales casos cumplían su condena en España y no en la Guinea Ecuatorial. El residente español que hubiese de permanecer en prisión preventiva era instalado en un hotel y se le proporcionaba gratuitamente la comida.

EN EL CAMPO DE LA ACTIVIDAD POLÍTICA, el MONALIGE era el único movimiento auténtico. Había luchado continuamente por la independencia. Entre sus miembros habían figurado antes los Sres. Ondó Edú y Luis Maho Sicacha, pero éstos, al desempeñar cargos oficiales, habían adoptado una actitud conservadora en política. EL MONALIGE deseaba que la Guinea Ecuatorial lograra la independencia como una entidad única o, si ello resultaba imposible, como una federación cuyas comunicaciones, transporte, defensa y relaciones exteriores fueran controlados por un gobierno central. El MONALIGE deseaba que se iniciaran negociaciones sin demora con el fin de establecer una fecha para la independencia. Uno de los temas que debían tratarse en esas negociaciones era la base de la futura cooperación con España. El MONALIGE quería la independencia inmediata, pero como era poco probable que las negociaciones previstas, si se iniciaban enseguida, concluyeran antes de fines de 1966, estaba dispuesto a esperar hasta principios de 1967 la concesión oficial de la independencia.

EL SISTEMA ELECTORAL, según los peticionarios del MONALIGE, no era democrático. En efecto, dos tercios de los miembros de los órganos gubernamentales del Territorio eran designados por el Gobierno español y sectores afines. El tan cacareado voto afirmativo del pueblo en el plebiscito de 1963 había sido resultado de maniobras de las autoridades españolas. El clero había ejercido también una poderosa influencia. La preocupación del Gobierno español por proteger a los residentes españoles contra toda manifestación de las legítimas quejas del pueblo africano se reflejaba en la continua presencia de gran número de soldados en el Territorio. En las aguas territoriales había tres cañoneras repletas de infantes de marina. Aparte de la fuerza de policía se hallaban destacados en el Territorio más de cien militares, guardias civiles, con armas modernas. Estos guardias civiles circulaban entre el pueblo haciendo demostraciones de fuerza armada e interviniendo en la vida política y social del Territorio, así como en muchos asuntos de la administración pública. Tenían instrucciones de reprimir toda demostración política. Una escuadrilla de aviones militares tenía también su base en el Territorio, y lo sobrevolaba diariamente.

Los peticionarios presentaron después al Subcomité, como memorando, una comunicación firmada por ellos y otras veintidós personas. Además de las opiniones expresadas oralmente por los peticionarios, la comunicación contenía la información siguiente.

El deseo más ferviente del pueblo de la Guinea Ecuatorial era el de lograr la independencia inmediata, es decir, antes de fines de 1966, por medio de un referéndum. El pueblo consideraba que la independencia era el punto de partida para la construcción del porvenir del país con libertad y sin injerencias perjudiciales.

El dominio de la comunidad española sobre la vida económica del país quedaba demostrado por el hecho de que, en el órgano de administración de la junta ejecutiva de la cámara de comercio, que constaba de catorce miembros, sólo había dos indígenas. Entre los nueve miembros de la sección de la cámara que se ocupaba del cacao sólo había dos indígenas. Todos los miembros de las secciones de café, de productos diversos, de comercio y banca, y de industrias eran españoles. De las exportaciones de cacao de Fernando Poo, que ascendían en total a 28.700.000 kilogramos, sólo 3.980.000 kilogramos eran producidos por cultivadores indígenas. Todo el café exportado era producido por españoles, salvo una cantidad insignificante que se vendía localmente a los españoles. La producción de bananas en su totalidad estaba también en manos de españoles. De los 7.600 trabajadores importados de Nigeria, todos menos 180 eran empleados por empresas españolas. De las 32.000 hectáreas de tierra cultivadas en Fernando Poo, sólo 2.170 eran labradas por indígenas. De las ventas que realizaba la Cámara de Agricultura por un total de unos 200 millones de pesetas, sólo 4 millones iban a parar a los indígenas. De las exportaciones de productos, que ascendían a 14.500.000 pesetas, los permisos concedidos a indígenas representaban un valor de 850.000 pesetas. En cuanto a las importaciones, que representaban un importe de 17 millones de pesetas, los indígenas no habían conseguido ni un solo permiso.

Después de la reunión el Subcomité recibió de grupo de trabajadores indígenas de Río Muni afiliados al MONALIGE una comunicación en la que protestaban porque el Gobierno español no fomentaba el bienestar del pueblo. Según esta comunicación, existía una grave diferencia entre el salario de los indígenas y el de los trabajadores españoles. El trabajador español cobraba un salario mensual de 10.000 pesetas (12.000 si era casado) y recibía otras prestaciones (una casa amueblada y siete meses de licencia para visitar su país, con viaje pagado), mientras sólo se pagaban al indígena 1.500 pesetas, con las cuales debía hacer frente a sus gastos de vivienda, muebles, etc. Los autores tenían la impresión, en vista de ciertos discursos pronunciados por el Presidente, de que sólo los peticionarios que se habían presentado ante las Naciones Unidas tenían el derecho de quejarse del sistema de salarios. Las cuestiones de salario habían provocado dos huelgas durante los primeros dos años del régimen autónomo. La primera había sido de funcionarios públicos y la segunda se había declarado contra la Compañía de Telecomunicaciones, S.A. Se habían anunciado otras dos huelgas.

El Gobierno de España no había cumplido su promesa de conceder libertad al Territorio, so pretexto de que el pueblo no estaba preparado para ella. Entretanto, había hecho muy poco para promover el desarrollo económico. Los autores de la comunicación habían sido perseguidos a causa de su ardiente deseo de libertad; de hecho, pocos días antes, la Guardia Civil había confiscado y destruido los carteles que se proponían llevar a una demostración de bienvenida al Subcomité. En cambio, cuando llegaba algún Ministro del Gobierno español, se daba asueto a todos los trabajadores.

En otra comunicación presentada al Subcomité al mismo tiempo, Don Pastor B. Torao Sikara, Presidente del MONALIGE, recordó en su propio nombre y en el del MONALIGE que en discursos pronunciados a fines de 1964 y en 1965, el Jefe del Estado español había manifestado que España no pondría obstáculos a la evolución de la Guinea Ecuatorial, sino que le daría la independencia en cuanto la pidiera. El Sr. Torao Sikara mencionó también una declaración posterior formulada en las Naciones Unidas en septiembre de 1965, en la que el representante de España dijo que correspondía al pueblo de Guinea solicitar y fijar la fecha de su independencia. En vista de estas declaraciones, el Subcomité debía usar de su influencia para que se otorgara la independencia al Territorio el 6 de enero de 1967 y para que las negociaciones con España se iniciaran inmediatamente.

El Subcomité celebró otra reunión con setenta y seis representantes del MONALIGE entre ellos doce mujeres, el 21 de agosto de 1966. En aquella entrevista el Sr. Alfredo King explicó que toda la tierra era propiedad del Gobierno español y no podía adquirirse, sino por su conducto. El sistema de pública subasta para la adquisición de terrenos había sido establecido por ley promulgada el 4 de mayo de 1948. Fuera del sistema de pública subasta, la adquisición de tierras se limitaba como antes se dice a cuatro hectáreas por autóctono. En cambio, otra ley promulgada el 23 de diciembre de 1948 permitía a los colonizadores setenta y cinco hectáreas per persona. Refiriéndose a la explotación por parte de los colonizadores españoles, los peticionarios presentaron documentos probatorios de que la gran mayoría de los jornaleros africanos importados trabajaban para empleadores españoles o en plantaciones propiedad de españoles. También adujeron ejemplos de contratos concedidos a trabajadores africanos y españoles y que, a su juicio, revelaban gran disparidad de salarios y de otras condiciones de servicio entre ambas categorías.

Los peticionarios expusieron, además, que las fuerzas de orden público eran excesivas para las necesidades del Territorio y que con su número se pretendía evidentemente intimidar al pueblo y desalentar las actividades políticas que apuntan a la independencia. Por ejemplo, la Guardia Civil española se componía de un comandante, tres capitanes, ocho tenientes, dos brigadas, cuatro suboficiales, diecinueve sargentos, cuarenta y nueve cabos, ocho guardias primeros, ocho cornetas, veinte guardias telegrafistas y doscientos cuarenta y siete guardias.

Los peticionarios declararon además que se oponían a la idea de separar a Fernando Poo de Río Muni, idea expuesta en ciertos círculos. Deseaban continuar las relaciones con España, pero este punto debía dilucidarse mediante negociaciones en pie de igualdad con el Gobierno español después de la independencia. Tanto esas negociaciones como otras debían realizarlas los genuinos representantes del pueblo, elegidos en elecciones libres, y no personas que representasen intereses españoles. Si surgieran dudas sobre las aspiraciones que expresaba el MONALIGE, debían someterse a un plebiscito fiscalizado por las Naciones Unidas en todo el Territorio, en iguales condiciones que el plebiscito sobre la Ley de Pases. En conclusión, los peticionarios pedían encarecidamente que el actual sistema electoral se suprimiese a favor de otro basado en el principio de un hombre, un voto. Los órganos primarios elegidos de este modo podrían, si fuere necesario, elegir representantes para órganos de más alto nivel. Pero el factor importante era establecer elecciones directas a base del sufragio universal de los adultos (de 21 años en adelante), votando como una sola unidad el electorado de ambas partes del Territorio. Como ejemplo del funcionamiento del actual sistema electoral, los peticionarios manifestaron que los Sres. Pastor Torao y Abiléo Bibao, que habían recibido el mayor número de votos en las elecciones para consejos de aldea y municipios, no fueron incluidos en el Gobierno, por algún motivo misterioso. Por otra parte, varios miembros de la Asamblea General ocupaban sus cargos actuales por medios que no eran la elección, o habían conseguido muy pocos votos en las elecciones. En efecto, el Sr. Luis Rondó Maguga Role, uno de los miembros del Consejo de Gobierno, recientemente fallecido, dijo claramente que no había tenido que competir en las elecciones, porque el Gobierno español le había nombrado para ocupar ese cargo. Por estas razones el MONALIGE toleraba, más que reconocía, al Consejo de Gobierno y a la Asamblea General.

Los peticionarios señalaron también una disposición de la Ley de Bases por la que se requiere que al cabo de dos años se celebren nuevas elecciones para reemplazar a la mitad de los miembros de los consejos municipales, de la Asamblea General y del Consejo de Gobierno. Esa disposición ya no regía, por temor de que personas hostiles al Gobierno español, pudieran sustituir a los actuales miembros de esos órganos, que eran personas gratas. En conclusión, declararon que no había libertad política en el Territorio. El único periódico era propiedad del Gobierno y no publicaba opiniones que no favoreciesen a éste.

En esta coyuntura, las mujeres del grupo del MONALIGE pidieron que se les permitiese presentar una petición con veinticinco firmas. Al entregarla, declararon que todas las mujeres del Territorio se preocupaban por los problemas de éste, pero que su presencia ante el Subcomité en tan modesto número obedecía a que temían por sus maridos. El Subcomité debía percatarse de que era la única esperanza de salvación del país. En su petición las mujeres solicitaban la independencia total, absoluta e inmediata de la Guinea Ecuatorial y pedían que se constituyese un gobierno federal de forma democrática. Esperaban que el Subcomité les prestase apoyo incondicional en las Naciones Unidas. Estaban descontentas de la abstracta y ambigua autonomía impuesta por el Gobierno español. Exigían el comienzo inmediato de negociaciones para que la independencia se concediese el 6 de enero de 1967, a más tardar.

En reunión celebrada con otros representantes del MONALIGE en Bata, el 22 de agosto de 1966, se presentó al Subcomité otra petición, en la que los autores declaraban que al cabo de 165 años de colonización de la Guinea Ecuatorial, España no había preparado siquiera a un centenar de hombres para desempeñar funciones técnicas o profesionales. No había concedido número adecuado de becas a estudiantes autóctonos. El Territorio padecía injusticia social; por ejemplo, súbditos españoles que a menudo carecían de cultura profesional estaban mejor pagados que el indígena preparado para el mismo trabajo o actividad. Pese a la concesión de la autonomía, no existían programas para conseguir la independencia o para instruir a la población autóctona en las funciones que se le encomendarían al llegar la independencia. Varios dirigentes que habían propugnado la independencia, entre ellos los Sres. Acacio Mañe Ela, Mongomayene y Edjodjomo, habían sido detenidos y fusilados por la Guardia Civil sin proceso.

Los autores de la petición rechazaban además la idea de que Fernando Poo fuese separado de Río Muni. El deseo unánime del pueblo del Territorio era la independencia total e inmediata y, en consecuencia, solicitaban de las Naciones Unidas que se fijase inmediatamente la fecha de la independencia y de la cesión de todos los poderes al pueblo. Además, los peticionarios mencionaron una carta con 460 firmas y 165 huellas dactilares, enviada por los dirigentes del MONALIGE al Jefe del Estado español el 15 de agosto de 1966. En ella el MONALIGE, que afirmaba representar a más del 90% de la población, recordaba declaraciones de varios funcionarios y representantes hispanos a efectos de que España nunca se opondría a la libre determinación del pueblo de la Guinea Ecuatorial ni a su voluntad de cambiar su actual condición jurídica, si la mayoría así lo deseaba. Recordaban también declaraciones hechas por el Presidente del Consejo de Gobierno, según las cuales el pueblo del Territorio sería quien fijase la fecha de la independencia. En vista de esas declaraciones, y teniendo presente la madurez política del pueblo, recién atestiguada por el Ministro español de Información y Turismo, era deseo del MONALIGE que el Territorio fuese independiente desde el 1 de enero de 1967. Sin embargo, ello no implicaba deseo de romper las relaciones con España. 

EN CONCLUSIÓN, el MONALIGE exigía que se estableciese un comité libremente elegido por el pueblo para redactar los acuerdos en que se basaría la independencia. Esos acuerdos abarcarían puntos como el respeto a las inversiones españolas, el reconocimiento de los derechos de España en asuntos de índole económica, comercial, social y otros, y la libre entrada de todo español que deseara trabajar en el Territorio. Por último, el MONALIGE pedía que los actuales gobernantes no adoptasen medidas de represión contra nadie por sus actividades políticas y que el MONALIGE fuese oficialmente reconocido. En otra petición que contiene 1.008 firmas, presentada al Subcomité el mismo día, el MONALIGE hacía una reseña histórica de la Guinea Ecuatorial desde su primer contacto con España en 1472. A partir de esa fecha, el Territorio había sufrido anexiones por conquista o como consecuencia de tratados injustos, colonialismo de variada índole y represión de toda actividad política encaminada a la liberación. Los autores de la petición exponían que los autóctonos no gozaban de derechos políticos, ni cívicos. El Gobierno español no permitía la formación de partidos que representasen auténticamente al pueblo y, si éstos llegaban a formarse, sus dirigentes eran perseguidos o encarcelados. Entre esos líderes figuraban los Sres. MARIANO EYAMA, PABLO NSUE EDU, MARTIN NVO ABAGA, ENRIQUE NGUEMA NGONO, FLORENTINO NCULU ESONO, FRANCISCO OYONO MICO, AGAPITA MANGUE, MIGUEL ELO, MBIANG MBA y otros. El hecho de que España reprimiera por la fuerza las voces de protesta y los movimientos de liberación nacional había provocado una expatriación en masa. Como resultado de esa política, la población autóctona no estaba debidamente representada en los órganos de gobierno, compuestos de europeos y de algunos africanos que no podían reflejar las aspiraciones populares. 

Comentando el SISTEMA DE EDUCACIÓN, los autores afirmaban que después de cinco siglos de dominio español el índice de analfabetismo era el más alto del mundo. enseñanza primaria no cumplía las finalidades que le son propias, y para ingresar tanto en ella como en la secundaria se imponía límite de edad. El número de autóctonos que asistía a universidades españolas era tan bajo, que resultaba imposible creer que España intentase en serio educar a la población autóctona. Escaseaban los profesores y en todos los aspectos se dejaba sentir la carencia de universidades y otras instituciones docentes. Este descuido quedaba demostrado por el hecho de que sólo noventa y dos alumnos del Territorio estudiaban en España; de ellos, cincuenta y siete lo hacían por cuenta propia.

En cuanto a LAS CONDICIONES SANITARIAS, la población padecía paludismo, tuberculosis, enfermedades parasitarias, desnutrición y alta mortalidad infantil. Era alarmante la escasez de médicos y personal sanitario auxiliar. Para una población de 300.000 habitantes había sólo setenta y dos facultativos, de ellos veintisiete. practicantes, y ciento sesenta y tres auxiliares autóctonos. Había sólo dos hospitales de primera categoría, con un total de 741 camas, y dos de segunda, con 254. Existían además once centros sanitarios mal dotados, a veces con un médico al frente.

Existían diversas formas de TRABAJO FORZOSO, con sanciones para los trabajadores autóctonos que no cumpliesen sus contratos de empleo. No se respetaba el principio de igual salario, por igual trabajo. Los trabajadores autóctonos eran tratados cruelmente. El Gobierno español no permitía la formación de sindicatos de trabajadores, por lo cual éstos carecían de un mecanismo apropiado que defendiera sus intereses de clase. Se practicaba la discriminación racial, por cuanto un obrero español, ganaba veinte veces más que el obrero guineano. La discriminación se manifestaba hasta en la preferencia dada a los españoles en lo referente a atención médica. 

LA SITUACIÓN ECONÓMICA representaba el aspecto más pernicioso del colonialismo español. El Territorio se caracterizaba por una primitiva economía de subsistencia. España era el único mercado para los productos primarios de la Guinea Ecuatorial. El control de divisas y de las importaciones y exportaciones, así como el de los precios pagados a los productores primarios, estaban en manos de España. Así, pues, la economía del Territorio dependía por completo de la metrópoli. Según la Ley de 4 de mayo de 1948, aún en vigor, los indígenas no podían adquirir más de cuatro hectáreas de terreno, mientras el europeo podía tener propiedades hasta de 200.000 hectáreas. Una ley ulterior (de 24 de diciembre de 1948) reconoció 30 hectáreas de terreno gratuito a los europeos que llevasen más de diez años residiendo en el Territorio. Además, el Gobierno español no tuvo reparo en realizar una campaña de propaganda referente a su ayuda al Territorio, en la que se abstenía de revelar el origen de las subvenciones que afirmaba conceder desinteresadamente. Opinaban los autores que, en materia de desarrollo económico, igual que en los aspectos sanitario y educativo, el Gobierno español debía buscar una colaboración más amplia con las organizaciones internacionales competentes, en beneficio del Territorio. Por lo tanto, los autores exigían para el pueblo el derecho a regir sus propios asuntos y a determinar la fecha de la independencia, la cual debiera fijarse en el 15 de noviembre de 1966, a ser posible, o en su caso en el 1 de enero de 1967.

En otra reunión con un grupo de sesenta y seis representantes del MONALIGE, celebrada el 23 de agosto de 1966, el Don Angel Masie Ntutumu, Secretario Técnico, manifestó que era deseo del MONALIGE que la Guinea Ecuatorial proclamase la independencia lo antes posible, en paz y entendimiento con España. Además de los puntos suscitados en su petición, querían que España adoptase medidas para establecer la plena igualdad de derechos cívicos. Don Alfonso Oyono Alogo, uno de los dirigentes del grupo, expuso que a su parecer la independencia debía alcanzarse sin violencias ni discriminación racial. Acto seguido, el Sr. Masie dijo que el MONALIGE comprendía el 90% de la población del Territorio. Contaba unos 195.000 afiliados, más otros 12.000 que habían solicitado serlo, pero no estaban aún inscritos. En el MONALIGE había una sección femenina y otra juvenil, cuyos componentes se convertían en afiliados ordinarios al cumplir los 21 años de edad. El MUNGE, en cambio, era un partido de minoría, favorecido por el Gobierno español y compuesto esencialmente de empleados oficiales. En él había disensiones. El IPGE, formado en el extranjero, era la organización matriz del MONALIGE. Debido a desacuerdos dentro de ese movimiento, se había formado el MONALIGE en 1962. En caso de que se celebrase un plebiscito sobre la constitución inherente a la independencia, los votos debían contarse para el conjunto del Territorio, y no separadamente por comarcas. El actual sistema electoral no era satisfactorio y los peticionarios eran partidarios del sufragio universal de los adultos, ejercido por todas las personas de más de 21 años de edad. Además, se oponían a que Fernando Poo fuese separado de Río Muni. Don Henri Nkona Mdong, uno de los peticionarios, expuso que, si se iniciaban negociaciones con España, el Territorio debía estar representado por el Presidente del MONALIGE, un miembro del Consejo de Gobierno y otros miembros elegidos por el MONALIGE. El Sr. Masie agregó que también otros grupos políticos podrían nombrar representantes. El Sr. Oyono no veía inconveniente en que la Asamblea General estuviese representada por un miembro. 

Según los peticionarios, el régimen de autonomía había resultado muy poco satisfactorio. A su parecer, había gran diferencia entre el gobierno ejercido por una camarilla de colonizadores y el ejercido por un gobierno de base popular. Durante las elecciones que precedieron a la inauguración del régimen de autonomía, las actividades del MONALIGE se vieron sistemáticamente estorbadas a favor del MUNGE, que disfrutaba del apoyo de las autoridades españolas y afirmaba ser el único partido político. El MONALIGE confiaba en ganar la mayoría de los puestos en cualquiera de las elecciones que no fuesen fiscalizadas, ni manejadas por el Gobierno colonial. Por este motivo solicitaban que dichas elecciones fuesen vigiladas y fiscalizadas por las Naciones Unidas.

Después de regresar a Nueva York, el Subcomité recibió una comunicación de Don Atanasio Ndong Miyono, Secretario General del MONALIGE, en la que declaraba que la visita del Subcomité a la Guinea Ecuatorial representaba ipso facto el reconocimiento por el Gobierno español del derecho del Territorio a la independencia. Mas ésta no significaría una ruptura brutal con la antigua metrópoli, sino una transformación de relaciones basada en principios de cooperación y respeto mutuo. En consecuencia, pedía que se fijase una fecha para la independencia del Territorio. En posterior comunicación, presentada poco después, el Sr. Ndong notificaba al Subcomité que, con el fin de dedicarse más de lleno a los preparativos de independencia de la Guinea Ecuatorial, había decidido dar por terminado su exilio político. Al perfilar la posición del MONALIGE, el Sr. Atanasio Ndong manifestaba que la fecha de la independencia del Territorio debía fijarse durante el próximo período de sesiones de la Asamblea General. La fecha tope propuesta por el pueblo de la Guinea Ecuatorial era el 15 de febrero de 1968, y el año 1967 debía considerarse como período de transición para discutir los arreglos constitucionales y establecer un gobierno provisional antes de las elecciones generales. El pueblo del Territorio estaba firmemente resuelto a obtener su independencia como Estado unitario, aunque teniendo en cuenta las circunstancias locales y regionales. El pueblo deseaba, además, que las Naciones Unidas fiscalizaran las elecciones generales que en breve se celebrarían en el Territorio. Por último, el Sr. Ndong agradecía al Gobierno español el haber facilitado la labor del Subcomité y expresaba su confianza en que el Subcomité ayudaría al pueblo a levantar el país como un todo y a proteger sus vínculos afro-hispanos dentro del continente africano.