VIERNES DÍA 19 DE AGOSTO DE 1966
Don ENRIQUE GORI MOLUBELA (Postura del
Presidente de la Asamblea ante la INDEPENDENCIA DE Guinea Ecuatorial)
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| Don Enrique Gori Molubela |
En una declaración de bienvenida, el Sr. Gori Molubela informó al Subcomité de que la totalidad del pueblo de Guinea Ecuatorial deseaba que el Territorio obtuviese la independencia. El problema residía en cómo y cuándo. Por su parte, el Sr. Gori Molubela abrigaba la esperanza de que no se producirían demoras indebidas. A continuación, hizo una breve reseña histórica del Territorio, señalando en particular que la población autóctona de Fernando Poo estaba constituida por los bubis, cuyo número ascendía a 40.000 en el año 1900, pero que actualmente sólo era de 18.000. La afluencia de colonos de Nigeria y Sierra Leona era reciente; el número de nigerianos era aproximadamente de 32.000. Añadió que el grupo étnico fundamental de Río Muni estaba formado por los fangs, que también se encontraban en el Camerún y el Gabón.
Refiriéndose a la intensificación de las actividades políticas en el Territorio, el Sr. Gori Molubela mencionó que había participado personalmente en las iniciativas encaminadas al diálogo con el Gobierno de España que tuvo por resultado la concesión de la autonomía a la Guinea Ecuatorial. Así, en 1961 había participado en la fundación del Movimiento Nacional de Liberación de la Guinea Ecuatorial (MONALIGE). También señaló que la Idea Popular de la Guinea Ecuatorial (IPGE) había sido fundada en 1963 por un camerunés. La IPGE, que tiene su base en Río Muni, había pedido en su manifiesto la autonomía y la independencia con objeto de establecer una federación con el Camerún. El Sr. Gori Molubela abrigaba temores en cuanto al porvenir de Fernando Poo en el caso de que la federación con el Camerún llegara a concretarse. Por consiguiente, era comprensible que estuviesen ganando terreno las propuestas de separar a Fernando Poo de Río Muni. A este respecto, recordó que el 29 de abril de 1965 la Asamblea General de la Guinea Ecuatorial había aprobado por unanimidad una moción en la que se pedía que, antes de expirar el mandato de la presente administración, se revisaran las relaciones entre las dos partes del Territorio.
En la actualidad la IPGE estaba desgarrada por divisiones, pero no había renunciado a sus aspiraciones de formar una federación con el Camerún. Tal como estaba entonces la situación, los bubis deseaban que Fernando Poo se separase de Río Muni.
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| Don Gori Molubela |
Se afirmaba también en dicho documento que el sistema unitario de gobierno había creado entre Fernando Poo y Río Muni una tensión que se hallaba acentuada por la hegemonía del segundo en la composición del Gobierno.
En el sector económico la situación había conducido a un
retraimiento de la iniciativa privada, la cual consideraba la autonomía como un
régimen político transitorio de gran incertidumbre para las inversiones de
capital.
Según el documento, el derecho del pueblo a la libre determinación no quedaba agotado por su aceptación del sistema autónomo en diciembre de 1963. Prueba de ello era que la Asamblea General y el Consejo de Gobierno estuviesen tratando dos temas que presuponían la existencia de ese derecho: el primero era la revisión de la Ley Articulada sobre el régimen autónomo y el segundo era la separación de Fernando Poo y Río Muni.
En todo examen de la cronología de la independencia debían tenerse en cuenta varios factores, entre ellos, la superficie y población reducida de la Guinea Ecuatorial, el hecho de que la situación económica del Territorio se debía en gran medida al trato preferente dado a sus productos en el mercado español, y la posibilidad de anexión por parte de Estados vecinos con ingresos más bajos.
En cuanto a las tendencias políticas vigentes, en el documento presentado por el Sr. Gori Molubela se afirmaba que, en líneas generales y salvo excepciones concretas, el sistema unitario de gobierno era aceptado por la población de Río Muni, en tanto que la postura contraria era defendida con variedad de matices por la población de Fernando Poo. Esta consideraba que la unificación era una ficción contraria a la realidad geográfica, humana y cultural de las dos partes del Territorio, que no tenían historia común, salvo en lo tocante a la colonización española. Además, el presente sistema de gobierno constituía, de hecho, una limitación del derecho a la libre determinación de la población autóctona de Fernando Poo.
Ese sistema traía consigo la preeminencia de Río Muni,
que gozaba de mayoría en la Asamblea y en el Consejo de Gobierno. Además, Río
Muni absorbía las dos terceras partes de los gastos públicos, mientras sólo
aportaba una tercera a los ingresos. En lo tocante al movimiento pro
independencia, se declaraba en el documento que, si bien parte de la población
del Territorio se inclinaba a favor de la independencia, no había consenso
alguno al respecto. Existía apoyo popular especialmente en Ferrando Poo
para la idea de vinculación al Estado español, después de la independencia, a
base de convenios de defensa exterior y de ayuda económica y técnica.
En el norte de Río Muni predominaba una intensa opinión a favor de la
vinculación con el Camerún, mientras que en la parte sur la población se
inclinaba a favor de la vinculación con el Gabón. Sin embargo, el grado de
vinculación deseada, variaba desde la mera relación hasta la federación.
Además, en el documento presentado por el Sr. Gori Molubela se decía que los partidos políticos hicieron su aparición en el Territorio durante la etapa anterior al régimen de autonomía y que tenían por finalidad casi exclusiva poner fin al dominio colonial. Esos partidos eran la Idea Popular de la Guinea Ecuatorial (IPGE), de tendencia federativa con el Camerún, el Movimiento Nacional de Liberación de la Guinea Ecuatorial (MONALIGE) y el Movimiento de Unificación de la Guinea Ecuatorial (MUNGE). Según el documento, las actividades de esos partidos habían ido en disminución desde que se introdujo el sistema en vigencia, que había absorbido muchas de sus actividades.
En otro documento en el que se presentaba una lista de los miembros de la Asamblea General, el Sr. Gori Molubela informó al Subcomité de que, de los dieciocho miembros de ese órgano, siete habían sido elegidos originalmente a los concejos municipales por los cabezas de familia y el resto representaba a las sociedades de capital y las cooperativas.
Para concluir, el Sr. Gori Molubela señaló con atención un discurso que había pronunciado el 3 de enero de 1966 en relación con el principio de la libre determinación, para el pueblo de Fernando Poo. En dicho discurso había expresado la determinación del pueblo de no permitir la interferencia de ningún país en su estatuto político. El pueblo sabía que ciertos países estaban sencillamente aguardando el retiro de la presencia española para apoderarse de Fernando Poo. El pueblo deseaba que cualquier modificación de su estatuto político, en ejercicio de su legítimo derecho a la libre determinación, sólo fuese realizada en diálogo directo entre sus auténticos representantes y el Gobierno de España. A este respecto, recordaba la promesa recientemente hecha por el Jefe del Estado, de que España defendería las libertades y la voluntad de libre decisión del pueblo y lo defendería frente a cualquiera del exterior que pretendiese comprometer su futuro.
REUNIONES CON MIEMBROS DEL CONSEJO DE GOBIERNO
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| Sres. Abilio Balboa, Federico Ngomo, Pedro Latorre Alcubierre, Francisco Macias Nguema y Luis Maho Sicacha |
El 19 de agosto de 1966, el Subcomité visitó al Don Bonifacio Ondo Edú, Presidente del Consejo de Gobierno, y a los siguientes miembros del Consejo: Don Francisco Macías Nguema, Vicepresidente, Don Aurelio Nicolás Itoha, Don Gustavo Watson Bueko, Don Luis Maho Sicacha, Don Román Borico Toichoa, Don Antonio Cándido Nang y Don Rafael Nsue Nchama. Luego de un cambio de saludos, se celebró un debate que condujo a una revisión del programa propuesto por el Consejo de Gobierno para las actividades del Subcomité.
El 20 de agosto de 1966 el Subcomité celebró una reunión de fondo con los miembros del Consejo de Gobierno. A continuación, se resumen las declaraciones hechas por ellos, incluidas sus respuestas a las preguntas formuladas por miembros del Subcomité.
Al abrir el debate, el Don Ondo Edú, afiliado al MUNGE en 1964, señaló que el pueblo de la Guinea Ecuatorial, al igual que los de otros territorios dependientes, anhelaba la independencia. En cuanto a la independencia, manifestó que al Territorio se le había concedido la autonomía sin preparación adecuada. A su juicio, debía fijarse la fecha para la iniciación de negociaciones tendientes a establecer las disposiciones previas necesarias a la independencia. Volvería a ocuparse en mayor detalle de estas opiniones, una vez que sus colegas hubiesen expresado las suyas. También señaló que a fines de 1967 se celebrarían elecciones para establecer un nuevo Consejo de Gobierno a partir del 15 de julio de 1968, fecha en que expiraría el mandato del actual Consejo.
POSTURA DE DON LUIS MAHO SICACHA:
Don Luis Maho Sicacha (Consejero de Información y
Turismo), afiliado al MONALIGE en 1964, declaró que era necesario
mejorar el funcionamiento del régimen actual. Tales mejoras constituirían, de
por sí, la preparación a la independencia. El Territorio se enfrentaba
con varios problemas internos apremiantes que debían resolverse antes de la
independencia.
POSTURA DE DON AURELIO NICOLÁS ITOHA
Don Aurelio Nicolás Itoha (Consejero de Trabajo), afiliado
al MUNGE en 1964, informó al Subcomité de que durante las
conversaciones que habían conducido a la concesión de la autonomía, los
participantes de la Guinea Ecuatorial se habían abstenido de pedir que se
definiese la duración de dicha autonomía, y habían acordado que la fecha de la
independencia sólo debía discutirse una vez que el pueblo del Territorio
estuviese preparado para la misma. Cuando llegase ese momento, el Gobierno del
Territorio pediría la independencia teniendo presentes las seguridades que le
había dado el Gobierno de España de que no interpondría ningún obstáculo a tal
petición. En consecuencia, por el momento no era necesario fijar una
fecha.
El Don Román Borico Toichoa (Consejero de Industria y Minería), afiliado al MUNGE en 1964, hizo suyas las opiniones expresadas por el Sr. Nicolás Itoha. La fijación de la fecha para la independencia sólo debía ser examinada cuando el Territorio estuviese preparado para ella. A su juicio, la Guinea Ecuatorial todavía no tenía la preparación adecuada.
POSTURA DE DON FRANCISCO MACIAS NGUEMA
Don Francisco Macías Nguema (Consejero de Obras Públicas,
Vivienda y Planificación Urbana), afiliado al MONALIGE en 1964,
declaró que el pueblo del Territorio deseaba ser dueño de su propio
destino. La falta de preparación no podía ni debía ser una razón valedera para
aplazar la independencia y, en su opinión, debía fijarse inmediatamente una
fecha para ella. Esto podía hacerse mediante conversaciones con el
Gobierno de España. El pueblo no tenía la intención de cortar las relaciones
con España al obtener la independencia; por el contrario, deseaba mantener
relaciones análogas a las existentes entre los países del Commonwealth y el
Reino Unido. La independencia, que debía adquirirse por medios pacíficos,
permitiría que la Guinea Ecuatorial ocupase el lugar que le correspondía en la
comunidad internacional y en el mundo de habla española. Si bien podía
decirse que el Territorio no era suficientemente viable desde el punto de vista
económico, era preciso recordar que ningún país había iniciado su existencia
independiente en condiciones económicas satisfactorias.
Para concluir, el Don Macías Nguema pidió que se fijase sin demora una fecha para la independencia, de manera que pudiera ponerse fin, pacíficamente y sin violencia, a la etapa colonial. Sugirió que el 15 de julio de 1967 sería una fecha adecuada, ya que daría el tiempo necesario para celebrar negociaciones y redactar una constitución que se armonizara con las aspiraciones del pueblo, las cuales, en su opinión, debían determinarse mediante un plebiscito. Refiriéndose a ciertos sectores de la población, que pedían la separación de Fernando Poo y Río Muni, declaró que esta cuestión debía ser decidida por la totalidad del pueblo. Sin embargo, recordó que el ejemplo de otros países había demostrado que ese problema podría resolverse; cabía esperar que se planteasen problemas de esta índole cuando las distintas regiones de un país, se encontraban en diferentes etapas de desarrollo económico. Tal vez la solución residiese en algún tipo de relación federal.
POSTURA DE DON RAFAEL NSUE NCHAMA
Don Rafael Nsue Nchama (Consejero de Agricultura), afiliado
al MUNGE en 1964, declaró que, a su juicio, debía fijarse una fecha
próxima para la independencia del Territorio. Su opinión era compartida por el
sector que representaba. Consideraba que convenía escoger el 15 de julio
de 1968, fecha en que debía expirar el mandato del presente Consejo de
Gobierno.
Don Gustavo de la Concepción Watson Bueko (Consejero de Sanidad y
Bienestar), afiliado al MUNGE en 1964, señaló que en la propia
Ley de Bases se concebía el Territorio como integrado por dos partes
diferentes. El pueblo de Fernando Poo había alcanzado un nivel de
desarrollo económico, social y educativo más elevado que el de Río Muni.
Reconociendo estas diferencias, el 12 de agosto de 1966 los Sres. Maho Sicacha,
Borico Toichoa y Nicolás Itoha, y el propio orador habían
presentado una moción en el Consejo de Gobierno para pedir la separación
económica y administrativa de Fernando Poo y Río Muni. El 13 de agosto
de 1966, después de una votación, el Consejo de Gobierno había acordado someter
la moción a examen de la Asamblea General. La Asamblea todavía no la
había examinado. En cuanto a la independencia, el Don Bueko estimaba
que por el momento sería inapropiado y prematuro fijar una fecha, y que esta
cuestión debía ser objeto de negociaciones que debían iniciarse sin demora.
Además, encareció al Subcomité que determinase los verdaderos deseos de
la mayoría de la población y no los de una mayoría imaginaria que vivía en las
zonas urbanas y cuya opinión no era representativa.
POSTURA DE DON ANTONIO CÁNDIDO NANG
Don Antonio Cándido Nang (Consejero de Educación), afiliado
al MONALIGE en 1964, recordó que el Gobierno de España se había
comprometido a conceder la independencia cuando la población la pidiese. En esta
inteligencia se celebraron las elecciones por las que se estableció el Gobierno
autónomo. Don Antonio Cándido Nang observó que todas las demostraciones del día
anterior eran a favor de que se concediera pronto la independencia. El Consejo
del Gobierno tenía el deber de reflejar las opiniones de los electores. La
independencia era un preludio necesario para consolidar la libertad del pueblo
y para cualquier decisión de éste en cuanto a la forma de gobierno más adecuada
a sus necesidades y aspiraciones.
En otra declaración el Don Maho Sicacha recordó que se contaba entre los iniciadores de la lucha por la independencia y que había comparecido ante algunos órganos de las Naciones Unidas para declarar a ese respecto. En su opinión, la Comisaría General debía fijar una fecha para iniciar negociaciones en las que se estudiaría la posibilidad de separar económica y administrativamente a Fernando Poo de Río Muni y de establecer después una relación federal. En esas negociaciones se debería tratar también de la fecha de la independencia.
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| Don Maho Sicacha |
Para terminar el debate, Don Ondo Edú informó al Subcomité de que en 1962 su lucha por la causa de la independencia le había llevado al exilio y de que había comparecido ante las Naciones Unidas para pedir la concesión de la autonomía y la independencia. Sin embargo, se veía obligado a decir que en el actual período de autonomía no se había encontrado aún la solución política de los problemas del Territorio, que debían resolverse antes de la independencia. En vista de la reducida superficie y escasa población del Territorio, de su insatisfactoria situación económica y de la actitud de algunos sectores que exigen la separación, no era nada sorprendente que existieran divergencias de opinión sobre la independencia. En realidad, la situación actual podría muy bien provocar un conflicto y conducir a la violencia. Por su parte, el Sr. Ondo Edú deploraba todas estas alusiones a la separación; el Territorio había constituido una unidad por espacio de más de un siglo; sólo se había empezado a hablar de separación desde que tenía un régimen autónomo, pero la población de Río Muni había dedicado su vida al Territorio en totalidad. Aunque el Sr. Ondo Edú no se oponía en modo alguno a la independencia, abrigaba dudas en cuanto a si los acontecimientos subsiguientes redundarían en beneficio de la población, a menos que se resolvieran los problemas que había mencionado.
En otra reunión celebrada el mismo día entre el Subcomité y los miembros del Consejo de Gobierno, el Sr. Ondó Edú encareció a sus colegas que no dejaran trascender demasiado sus disensiones. La separación, si era inevitable sólo debía realizarse después de la independencia. Mas la unidad era esencial tanto para lograr la independencia como para conservarla. En su opinión, muchos de los requisitos indispensables para la existencia de una nación, tales como la homogeneidad de la población, la viabilidad económica y la existencia de cuadros administrativos y otros, no existían aún en el Territorio.
Don Ondó Edú observó con gran pesar que bajo el sistema actual no estaba facultado, como Presidente del Consejo de Gobierno, para elegir a sus colegas. En consecuencia, poco sorprendente era que no hubiera consenso entre los miembros del Consejo sobre la fecha de la independencia. Teniendo en cuenta los problemas del país, el Sr. Ondó Edú opinaba que España había impuesto al Consejo tarea de componer un "plato roto". Ni él, ni el Consejo tenían la autoridad necesaria para resolver estos problemas.
Don Ondó Edú declaró también que acogería con satisfacción los consejos del Subcomité sobre la cuestión de la independencia. Aunque algunos elementos españoles preferirían ver el país destruido antes que hallarse privados de la posibilidad de explotarlo, ni el Consejo, ni el Gobierno de España querían que esto sucediera. El Sr. Ondó Edú confiaba en que, antes de la expiración del mandato del actual Consejo, se llegaría a un acuerdo sobre los cambios necesarios para el funcionamiento adecuado del régimen autónomo como condición preliminar de la independencia. En su opinión las negociaciones con España deberían comenzar antes de la expiración del mandato del Consejo, a fin de que pudieran adoptarse las disposiciones constitucionales, económicas y de otra índole previas a la independencia. Si el Gobierno de España se mostrase reacio a cooperar en este sentido, el propio. Sr. Ondo Edú presentaría una petición a las Naciones Unidas.
En cuanto al sistema electoral, el Sr. Ondó Edú no formulaba objeción alguna contra los arreglos actuales relativos a las elecciones para la Asamblea General, pero lamentaba no tener voz ni voto en la elección de los miembros del Consejo de Gobierno. También lamentaba que no tuviera poder ejecutivo alguno. En consecuencia, ocupaba una posición puramente nominal.
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| Don Nicolás Itoha saludando a Don Manuel Fraga, detrás está Don Bonifacio Ondó Edú |
Don Nicolás Itoha explicó que, al declarar anteriormente que en la actualidad no era preciso fijar una fecha para la independencia, no pensaba en que se retrasara indefinidamente la adopción de una decisión al respecto. Su opinión era que, antes de adoptar cualquier decisión sobre la independencia, debían resolverse los problemas internos del Territorio mediante la separación económica y administrativa de Fernando Poo y Río Muni.
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| Don Román Boricó Toichoa, junto a Don Edmundo Bosio Dioko |
Don Borico Toichoa coincidió con Don Nicolás Itoha y añadió que la independencia sería una palabra hueca si el Territorio tuviera que continuar dependiendo en gran medida de la asistencia externa. A este respecto, observó que el 90% de los técnicos de Guinea Ecuatorial procedían de Europa, que en el Territorio no había buenas carreteras, que el ejército era sufragado por España, que sólo había un puñado de abogados autóctonos y ningún ingeniero. Habría que esperar unos cinco años antes de poder subsanar esas deficiencias en la medida necesaria para justificar la con cesión de la independencia.
Don Cándido Nang observó que no había ningún programa educativo destinado a atender las necesidades de técnicos del Territorio en previsión de la independencia. Esta observación se aplicaba también a otras esferas. Como Consejero de Educación, carecía del poder necesario para crear tal programa.
Contestando a unas preguntas, Don Ondo Edú declaró que la Comisaría General no participaba en el nombramiento de los miembros del Consejo de Gobierno, ni tampoco en las reuniones del Consejo. Antes de la autonomía, los partidos políticos tenían que funcionar clandestinamente. Aunque desde entonces no habían sido reconocidos de manera oficial, su existencia se toleraba oficiosamente. Se les exigía que obtuviesen autorización oficial para celebrar reuniones públicas. En ese momento intervino el Don Macías Nguema para decir que, en la práctica, rara vez se había concedido tal autorización al MONALIGE para sus reuniones.
A continuación, Don Ondó Edú dijo que, en respuesta a la sugestión española de que los partidos políticos existentes se fundieran en un movimiento único, poco después de establecerse la autonomía, se había celebrado en Bata un congreso de las agrupaciones políticas locales y de las radicadas en el extranjero. El congreso no pudo ponerse de acuerdo sobre movimiento político unificado. A principios de 1965 se había celebrado otra conferencia en Moka, en la que los partidos políticos de Fernando Poo convinieron en interrumpir temporalmente sus actividades. Por esta razón el Sr. Ondo Edú y sus colegas eran reacios a que se les identificara con cualquier agrupación política determinada en la actualidad.
Don Nicolás Itoha señaló una comunicación escrita presentada al Consejo de Gobierno por él y por los Sres. Borico Toichoa, Watson Bueko y Maho Sicacha el 3 de junio de 1966, y recomendó al Subcomité que la considerara detenidamente. En esa comunicación los autores sostenían que la unidad política en que se funda la autonomía era ficticia. La unidad política presuponía le existencia de una región que en realidad no existía. No sólo entre Fernando Poo y Río Muni no había continuidad geográfica, sino que su población no tenía ningún origen común étnico, cultural, histórico, ni lingüístico. Sus esperanzas de que esta falta de base para la unidad se supliera con la experiencia habían quedado frustradas.
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| Don Watson Bueko |
Según esa comunicación, el grupo de Río Muni en el Consejo de Gobierno tendía marcadamente a llevar todas las mejoras hacia su provincia; mientras Fernando Poo aportaba el 81% del ingreso presupuestario del Territorio, los gastos realizados por Río Muni ascendían al 83%. El contrabando de cacao y café que había surgido entre Río Muni y los países vecinos amenazaba a Fernando Poo con la ruina económica. Según los autores, había habido una considerable emigración de Río Muni a Fernando Poo que había provocado profundos cambios en la estructura de la población de esa isla. Se registraban entre los bubis, principal grupo étnico de la isla, y los fang de Río Muni, fricciones y tirantez que se habían acentuado con el régimen actual.
En conclusión, los autores pretendían que el derecho a la libre determinación no pertenecía en forma exclusiva al conjunto de los habitantes del Territorio. Negar este derecho a la población de Fernando Poo, que constituía un grupo homogéneo, sería contrario a las normas internacionales más elementales. Con objeto de garantizar el ejercicio de este derecho a la población de Fernando Poo, pedían la separación económica y administrativa de las dos partes del Territorio. Puesto que las medidas legislativas necesarias estaban dentro de la jurisdicción del Gobierno de España, no era preciso que la Asamblea General aprobara tal solicitud por mayoría de dos tercios. Debía celebrarse un plebiscito sobre esta cuestión, en el que los votos de los electores tuvieran validez sólo en sus provincias de origen.
DOMINGO DÍA 21 DE AGOSTO DE 1966
NECESIDAD O NO DE OBSERVADORES DE LA ONU
El 21 de agosto de 1966 el Subcomité celebró con los
miembros del Consejo del Gobierno otra reunión en la que éstos expusieron sus
opiniones sobre la independencia.
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Don Nicolás Itoha declaró que
cuando se acercase el momento de la independencia, después de las negociaciones
a que se había referido en una declaración anterior, cabría estudiar la función
que podrían desempeñar las Naciones Unidas en los preparativos de la
independencia. De necesitarse asistencia, se recurriría a las Naciones Unidas.
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Don Nicolás Itoha no tenía nada
que añadir a lo que había dicho anteriormente sobre la cuestión general de la
independencia.
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Don Borico Toichoa no veía la
necesidad de que las Naciones Unidas interviniesen en las elecciones ni en
ningún otro proceso encaminado a lograr la independencia. Pero no se opondría a
que se examinase la posibilidad de invitar a observadores de las Naciones
Unidas. Sólo se pediría a las Naciones Unidas que interviniesen en el caso de
que el Gobierno de España negara la independencia al Territorio cuando la
población la pidiera.
–
Don Macías Nguema y Nsue Nchama
opinaron que, en vista de la situación del Territorio, se necesitaría la
presencia efectiva de las Naciones Unidas durante la celebración de cualquier
plebiscito o elección.
–
Don Watson Bueko señaló que no
había habido observadores de las Naciones Unidas en el plebiscito de diciembre
de 1963 sobre la Ley de Bases. Sin embargo, ese plebiscito se había llevado a
cabo con entera libertad y en debida forma. Le era indiferente que se invitara o
no a observadores de las Naciones Unidas a presenciar un futuro plebiscito.
Pero habría que asegurarse de que esos observadores fuesen honorables y
completamente imparciales, que no tratasen de imponer sus propias ideas, ni de
intervenir en los asuntos pendientes entre la población y el Gobierno de
España. El Sr. Watson Bueko pensaba en un plebiscito en el que la
población indicara si quería o no la independencia, seguido de negociaciones y
elecciones. La función de los observadores de las Naciones Unidas, caso
de que la tuviesen, debería limitarse a la comprobación de la libertad de las
elecciones.
–
Don Cándido Nang: creía que la
participación de las Naciones Unidas en el proceso de evolución del
Territorio hacia la independencia garantizaría la conformidad del
resultado con los deseos de la población. Pensaba que a este respecto
sería necesaria la asistencia de las Naciones Unidas.
–
Don Maho Sicacha: no veía razón
alguna para no invitar a las Naciones Unidas a que observasen todos los
procesos conducentes a la independencia. Creía que sería útil contar con
la asistencia de las Naciones Unidas en este sentido.
–
Don Ondó Edú: declaró que, para
disipar cualquier duda acerca de la autenticidad de los procesos
conducentes a la independencia y acerca de los resultados, se debería
pedir a las Naciones Unidas que enviaran observadores. De esta forma,
las intenciones y la actuación de España con relación al Territorio quedarían
claramente demostradas.
CAMBIOS EN EL SISTEMA ELECTORAL
– En cuanto a los cambios que debían introducirse en el actual sistema electoral, los Sres. Macías Nguema y Nsue Nchama se mostraron partidarios de elecciones directas con un sistema de sufragio universal para todas las personas de ambos sexos mayores de 21 años. Don Macías Nguema observó que las mujeres se quejaban de que no tenían derecho de voto. El Sr. Cándido Nang coincidió con esta observación, pero prefería que la edad para poder votar se redujera a 18 años; no veía ninguna razón para no admitir el ejercicio del derecho de voto por todos los mayores de 18 años, ya que esa era la edad mínima fijada para contraer responsabilidades matrimoniales.
– A juicio del Don Watson Bueko, el sufragio universal produciría una democracia de tipo inorgánico que tal vez funcionase en países muy desarrollados, pero no en Guinea Ecuatorial donde, a su modo de ver, una democracia orgánica (forma de gobierno instaurada en España por el franquismo en 1942) era más apropiada. Con un sistema de democracia orgánica, los diferentes sectores de la vida nacional estaban representados en los órganos gubernamentales. En consecuencia, prefería que se mantuviera el sistema actual, con algunos ajustes para atender las necesidades y circunstancias reales. En vista de la dificultad con que tropezaba la población para distinguir los programas, las personalidades y los intereses políticos, le convenía más estar representada según los grupos y sectores de intereses a los que pertenecía.
–
Don Román Borico Toichoa no tenía
observaciones que hacer a este respecto.
–
Don Nicolás Itaho estaba a favor del
sistema actual, aunque no se oponía terminantemente al sufragio
universal de los adultos.
– Los Sres.
Maho Sicacha y Ondó Edú eran partidarios del sufragio universal
de los adultos.
EN MATERIA DE JUSTICIA
Refiriéndose a la información de que solamente se
encarcelaba a los africanos culpables de alguna infracción penal:
–
Don Watson Bueko: dijo que estas afirmaciones
eran ciertas con respecto al período anterior a la autonomía, pero que
no podían aplicarse a la actualidad. Los residentes españoles
culpables de alguna falta podían ser expulsados del Territorio. Los que
cometían algún delito cumplían penas de prisión fuera del Territorio,
por lo general en Las Palmas. Sin embargo, hasta el momento de la vista esas
personas pueden ser encarceladas preventivamente en prisiones locales.
–
Don Macías Nguema: afirmó que la
administración de justicia en el Territorio era discriminatoria. Señaló
que todos los magistrados de los tribunales eran españoles. Las
Naciones Unidas tenían el deber de garantizar a la población la igualdad de
derechos.
–
Don Cándido Nang: añadió que no
debían condenarse las leyes en sí, sino su aplicación discriminatoria.
Los africanos y los españoles estaban sujetos a las mismas leyes, pero la
aplicación de esas leyes, así como las sanciones que entrañaba su infracción,
eran diferentes.
–
Don Nsue Nchama: dijo que jamás
había oído que se hubiese encarcelado en el Territorio a un residente
español declarado culpable.
–
Don Román Borico Toichoa, añadió
que de nada servía recordar incidentes ocurridos en un pasado lejano.
Hizo observar que el Territorio no era aún independiente.
–
Don Maho Sicacha: declaró que,
según la experiencia que había adquirido en el ejercicio de su profesión de
abogado, los residentes españoles rara vez cometían algún delito punible
con prisión. Los que cometían tal delito cumplían su condena fuera del
Territorio en prisiones que reunían las condiciones mínimas del Código Penal
español. En Guinea Ecuatorial no había cárceles de ese tipo.
–
Don Ondó Edú: señaló que la
administración de justicia no era de la competencia del Consejo de Gobierno.
Por su parte, había tenido ocasión de quejarse a la Comisaría General por
la excesiva indulgencia con que se trataba a los delincuentes,
incluidos los africanos.
En respuesta a una pregunta, Don Nsue Nchama confirmó la
declaración formulada en el Subcomité por algunos peticionarios en el sentido
de que, en virtud de una ley de 4 de mayo de 1948 aún vigente, se
limitaba a cuatro hectáreas la superficie de tierras que podía poseer un
africano.
SITUCIÓN DE LOS PRESOS POLÍTICOS
En cuanto a los presos políticos, Don Macías Nguema dijo
que, aunque había habido algunos en el pasado, ahora sólo quedaban en la
cárcel, a su entender, tres o cuatro personas que procedían de fuera del
Territorio. Antes el número de presos era de seis o siete, pero uno de ellos
había sido puesto en libertad precisamente a raíz de una intervención del
propio Don Nguema.
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| Don Francisco Macias Nguema Biyogo |
Don Nicolás Itaho negó que hubiera presos políticos. Don Antonio Cándido Nang observó que, aunque tal vez no hubiera personas encarceladas por motivos políticos, no era difícil meter en la cárcel a los que manifestaban opiniones políticas adversas, culpándolos de algún delito. Don Antonio Cándido Nang conocía uno de estos casos.
En conclusión, los miembros del Consejo de Gobierno opinaron sobre si la población de la Guinea Ecuatorial estaba preparada para la independencia.
–
Don Cándido Nang creía que sí.
–
Don Nsue Nchama coincidió con él, pero
opinó que la independencia no debía concederse inmediatamente,
sino para julio de 1968.
–
Don Macías Nguema estaba firmemente
convencido de que el Territorio debía obtener la independencia hacia
julio de 1967.
–
Don Maho Sicacha prefería que se iniciaran
negociaciones inmediatamente con miras a la independencia en el plazo
de dos años.
–
Don Nicolás Itoha consideraba que la
población no estaba preparada para la independencia; sólo podía decirse
que lo estaba si se consideraba la independencia como una especie de lotería en
que la población participase con la esperanza de obtener beneficios fortuitos.
–
Don Watson Bueko estimó que las
negociaciones debían empezar en un futuro muy próximo con objeto de
fijar una fecha para la independencia.
Hacia el final de la reunión, Don Macías Nguema presentó al Comité una comunicación firmada por él y por los Sres. Cándido Nang y Nsue Nchama, relativa a la independencia del Territorio. En diche comunicación los autores declaraban que no había ningún asunto más importante para la población que la independencia de su Territorio. Según ellos, los órganos gubernamentales del régimen actual no poseían atribuciones que les permitieran llevar a cabo los cambios requeridos para promover el bienestar espiritual y material de la población. Recordaban que en varias cartas dirigidas al Gobierno español habían pedido a España o en caso necesario, a las organizaciones internacionales competentes: primero, que fijasen fecha para la independencia antes de que expirase el mandato del actual régimen de autonomía y, segundo, que constituyeran comisiones representativas para formular con asistencia exterior, incluso la de las Naciones Unidas en caso necesario, acuerdos que constituyeran la base de la independencia.
MARTES 23 DE AGOSTO DE 1966
Don SIMON NGOMO NDUMU ASUMU (Postura del Gobernador
Civil de Río Muni ante la INDEPENDENCIA DE Guinea
Ecuatorial).
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| Don Francisco Macias Nguema, Don Bonifacio Ondo Edú y Don Simon Ngomo Ndumu Asumu |
El 23 de agosto de 1966, el Subcomité celebró una reunión con Don Simon Ngomo Ndumu Asumu. Durante la misma, el Gobernador Civil informó al Subcomité de que, a juicio suyo, debería concederse la independencia a la Guinea Ecuatorial, pero que el Territorio no estaba todavía preparado para ello en cuanto a las exigencias en materia de organización. Las razones de esta situación eran el reducido número de habitantes y la división del movimiento nacionalista en tres grupos: el MUNGE, el MONALIGE y la IPGE.
Personalmente, había pertenecido a todos estos grupos, empezando por el MONALIGE, cuyos primeros dirigentes eran naturales de Río Muni, residentes en Fernando Poo. Posteriormente, se había afiliado a la IPGE, que tuvo primero su sede en Río Muni. Pero la IPGE había adoptado un programa que incluía un proyecto de fusión del Territorio con el Camerún, proyecto que había resultado inaceptable para él y para gran número de partidarios de la IPGE. Posteriormente, sus dirigentes se habían exiliado, en parte a causa de las limitaciones impuestas a su actividad por el Gobierno.
En un esfuerzo por establecer un solo movimiento político unificado, el 30 de noviembre de 1963 se había constituido el MUNGE después de la celebración de una conferencia en la que habían participado representantes de todos los sectores de la población, inclusive los alcaldes. Manifestó que simpatizaba con los objetivos de este partido, particularmente en lo relativo a la cuestión de la independencia. El hecho de que continuaran existiendo los demás partidos políticos obedecía en parte a su descontento por la distribución de los puestos oficiales hecha después de las elecciones. En cuanto a la fuerza relativa de los diferentes partidos, el Gobernador Civil manifestó que por los documentos disponibles y habida cuenta de la alianza existente entre el MUNGE y la IPGE, podía afirmarse que el MUNGE tenía el mayor número de socios; sin embargo, su impresión personal era que el MONALIGE contaba con un número mayor de adeptos entre la población, especialmente en Río Muni. En Fernando Poo, la fuerza relativa de ambos partidos era aproximadamente la misma. La alianza entre le IPGE y el MUNGE había empezado a funcionar en Río Muni, pero no en Fernando Póo, donde todavía se estaban celebrando conversaciones. Ni el MUNGE ni el MONALIGE estaban completamente satisfechos con la actuación del actual Consejo de Gobierno, y deseaban subsanar las fallas del sistema vigente.
Con respecto al sistema electoral en vigor, Don Ngomo
Ndumu Asumu no creía que fuera inadecuado para las necesidades del Territorio
después de la independencia, si se consideraba que la estructura del Gobierno
con posterioridad a la misma sería diferente de la de la administración
autónoma. Por razón de su cargo, no podía criticar a la Asamblea General,
formada por los representantes legítimos de la población, pero personalmente
consideraba que se podía modificar el sistema con objeto de dar al
Presidente del Consejo de Gobierno más voz y voto en la designación de los miembros
del Consejo, con los cuales tenía que trabajar en equipo.
Explicando sus puntos de vista sobre la cuestión de la independencia, el Gobernador Civil declaró que, al hablar de las exigencias en materia de organización para la independencia, pensaba en la importancia de coordinar y armonizar las ideas, objetivos y esfuerzos de la población tocantes a la independencia. Actualmente, faltaba el diálogo entre los partidos políticos sobre las medidas que habían de adoptarse para la consecución de la independencia. Todos los partidos la deseaban, pero cada uno de ellos se consideraba como el grupo que contaba en sus filas con los verdaderos y legítimos dirigentes de la población.
Sobre el sistema de nombramiento de los gobernadores civiles, declaró que eran seleccionados por el Gobierno español de una terna presentada por el Consejo de Gobierno al Comisario General. La decisión del Gobierno español solía estar determinada por el número de votos recibidos por cada candidato en el Consejo de Gobierno.
POSTURA DE DON BONIFACIO ONDÓ EDÚ
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| Don Bonifacio Ondó Edú sujetando un sombre de paja en la mano |
En una declaración final dirigida al Subcomité el 24 de agosto de 1966 el Don Ondó Edú dijo que se debía poner término inmediatamente al régimen autónomo y que era preciso iniciar sin dilación negociaciones para la independencia, a fin de que el Territorio la obtuviera en el plazo de dos años. Si el período de negociaciones propuesto por el Consejo de Gobierno no contara con sincera acogida por parte de España y si, en consecuencia, el pueblo de la Guinea Ecuatorial insistiera en una independencia prematura, Don Ondó Edú no se consideraría responsable de las consecuencias. El período de dos años que se había propuesto para las negociaciones constituiría una etapa de preparación y de experiencia en el ejercicio de mayores responsabilidades y libertad de acción. Para terminar, Don Ondó Edú señaló que las decisiones de la población debían regirse por la unidad y la indisolubilidad si se quería llegar a una solución pacífica de los problemas del Territorio.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A. CONCLUSIONES
De conformidad con sus atribuciones y previa comprobación de la situación del Territorio con vistas a acelerar la aplicación de las resoluciones 1514 (XV) y 2067 (XX), aprobadas por la Asamblea General el 14 de diciembre de 1960 y el 16 de diciembre de 1965, respectivamente, el Subcomité de Guinea Ecuatorial ha llegado a las conclusiones siguientes:
El Gobierno de España ha declarado en varias ocasiones que concedería la independencia al Territorio cuando la población lo pidiera. Dichas declaraciones han dado pie a la idea, extendida entre la población, de que el actual régimen autónomo representa la última etapa de una evolución constitucional hacia la independencia completa. Sin embargo, las esperanzas que la población tenía de participar activamente durante la presente etapa en el gobierno y dirección de sus propios asuntos no se han visto realizadas. El régimen autónomo tampoco satisface a algunos miembros del Consejo de Gobierno. El Comisario General y el Gobierno español siguen teniendo en sus manos y ejerciendo la mayoría de los poderes. Ni el Consejo de Gobierno ni la Asamblea General de Guinea Ecuatorial ejercen el poder efectivo, incluso dentro del ámbito de su competencia.
El sistema electoral que, además de ser indirecto, se basa fundamentalmente en la representación corporativa selectiva y, en menor grado, en el voto de los jefes de familia por intermedio de los concejos municipales, limita la participación en la elección de representantes para los órganos gubernamentales a sólo una pequeña minoría de la población adulta. Por ello, dichos órganos distan mucho de ser representativos de la población en general y de reflejar su voluntad y deseo libremente expresados. A este respecto, el Subcomité señala que existe entre la población un gran apoyo por el sistema de elecciones directas basadas en el sufragio universal de los adultos.
Si bien los habitantes han podido comparecer ante el Subcomité como peticionarios, hay pruebas de que la libertad de realizar actividades políticas está restringida. Los partidos políticos no están reconocidos oficialmente. Se demostró asimismo que las personas que expresaban opiniones políticas no gratas a la Potencia administradora se exponían a vejaciones. Algunos peticionarios se quejaron de que la presencia de fuerzas militares españolas en el Territorio ejercía un efecto intimidatorio sobre la población. También se presentaron pruebas de que en la administración de la justicia, especialmente de la penal, había desigualdades en detrimento de los africanos.
Hay varias tendencias en favor de la separación entre Fernando Poo y Río Muni en ciertas materias presupuestarias y administrativas. No obstante, tales opiniones sólo son defendidas por una pequeña minoría entre los bubis de Fernando Poo y por algunos intereses creados. Esas tendencias no son compartidas por la inmensa mayoría de la población, ni por ninguno de los principales partidos políticos. Además, la mayoría de la población desea que el Territorio obtenga la independencia como una sola entidad.
De las consultas celebradas por el Subcomité con la población se desprende claramente que hay unanimidad entre todos los sectores de la población en favor de la independencia sin demora. Esa opinión es compartida por los diversos partidos políticos, así como por la mayoría de los miembros del Consejo de Gobierno, incluido el Presidente. Hay asimismo un deseo unánime de que las negociaciones con el Gobierno español para transmitir todos los poderes a la población del Territorio comiencen inmediatamente.
Recordando que el Gobierno español se ha comprometido a conceder la independencia al Territorio cuando la población lo pida, los órganos, grupos e individuos con quienes el Subcomité mantuvo conversaciones presentaron varias sugerencias en cuanto a la fecha en que debía concederse la independencia al Territorio. Dichas sugerencias iban desde la independencia inmediata a la independencia al final del mandato del actual Consejo de Gobierno en julio de 1968.
En vista de lo anterior resulta evidente que la inmensa mayoría de la población del Territorio desea la independencia en julio de 1968, a más tardar. La fijación de una fecha concreta parecería depender, sin embargo, del resultado de una conferencia entre la Potencia administradora y los diversos partidos políticos del Territorio y todos los sectores de la población. De los testimonios recogidos por el Subcomité resulta también claro que la mayoría de la población desea que las Naciones Unidas participen en el proceso preparatorio de la independencia del Territorio.
En cuanto a las condiciones económicas, el Subcomité observó que la economía del Territorio depende fundamentalmente del cacao y del café y se caracteriza por una falta de diversificación. Ahora el Gobierno español admite que la situación no es satisfactoria. Aunque el Gobierno español ha incrementado en los últimos años su ayuda a la Guinea Ecuatorial mediante la protección de sus principales productos de exportación, sus aportaciones al presupuesto y al sostenimiento de los programas económicos y sociales de la región y las medidas adoptadas por él en materia de desarrollo económico han sido lentas e inadecuadas, sobre todo en la parte continental del Territorio. El Subcomité observó que la mayor parte del comercio del Territorio se hallaba en manos de extranjeros. Asimismo, observó que en ningún momento había emprendido la Potencia administradora medidas eficaces para reducir la dependencia económica del Territorio con respecto a España y permitirle conseguir un desarrollo económico rápido y equilibrado. Además, el Subcomité tomó nota complacido de la declaración del Gobierno español, de que seguiría prestando asistencia a la Guinea Ecuatorial incluso después de que el Territorio obtuviese la independencia.
En varias peticiones y declaraciones de peticionarios se indicó la necesidad de una reforma del régimen de tenencia de tierras en el Territorio. Se señaló que el sistema vigente no sólo era desfavorable para la población autóctona, sino que también tendía a favorecer la propiedad de tierras por nacionales y compañías españolas expatriadas. El actual sistema de subastas, que se celebran en Madrid, favorece a los compradores de tierra más ricos y va en perjuicio de la población autóctona. Por otra parte, en muchos casos se ha logrado eludir las disposiciones legales que limitan la adquisición permisible de bienes raíces por una persona o sociedad.
En cuanto a las condiciones laborales, la actual legislación favorece a los nacionales españoles expatriados con preferencia a los trabajadores africanos. Hay una gran disparidad entre los salarios y demás condiciones de trabajo de los trabajadores españoles y africanos. La mayor parte de los puestos de autoridad y responsabilidad de la administración pública y del sector privado son desempeñados por españoles expatriados. No se permite la constitución de sindicatos que representen a los trabajadores ante los empleadores.
En lo tocante a las condiciones educacionales, el Subcomité observó que, a pesar de las medidas últimamente adoptadas por la Potencia administradora, había escasez de instituciones docentes y, en especial, de centros de enseñanza secundaria y superior, así como de personal docente. Por lo tanto, Al propio tiempo, el número de estudiantes enviados desde el Territorio para cursar estudios superiores o enseñanzas técnicas en el extranjero era insuficiente para las necesidades del Territorio.
A la luz de las conversaciones celebradas con la Potencia administradora y con las autoridades autónomas, las pruebas recibidas y las conclusiones expuestas anteriormente, el Subcomité considera que el Comité Especial debe formular las recomendaciones siguientes:
1. Que
la Potencia administradora convoque inmediatamente una conferencia constitucional
en la que estén representados plenamente los diversos partidos políticos del
Territorio y todos los sectores de la población, con objeto de establecer las
modalidades de la transferencia inmediata de todos los poderes al pueblo y de
fijar una fecha para la independencia que, en respuesta a los deseos de la
población, no sea posterior a julio de 1968.
2. Que
entretanto la Potencia administradora emprenda el rápido traspaso de los poderes
gubernamentales efectivos a los representantes del Territorio.
3. Que
la Potencia administradora elimine toda restricción de las actividades
políticas e instaure en su plenitud las libertades democráticas.
4. Que
la Potencia administradora sustituya el actual sistema electoral por otro
basado en el sufragio universal de los adultos, y que se celebren elecciones
sobre estas bases antes de la independencia.
5. Que
la Potencia administradora establezca, en la ley y en la práctica, la plena
igualdad de derechos políticos, económicos, sociales y de otra índole, y
especialmente:
a) Reforme
la legislación y las prácticas relativas al régimen de tenencia de tierras,
teniendo presente el principio de que los intereses del pueblo del Territorio
están por encima de todo.
b) Reforme
la legislación y las prácticas relativas a las condiciones laborales para
promover los intereses de los trabajadores africanos y garantizar el respeto
del principio de salario igual por trabajo igual.
c) Permita
la constitución de sindicatos representativos que defiendan y promuevan los
intereses de los trabajadores:
d) Garantice
la aplicación equitativa de la ley, sin consideraciones de raza, creencia o
color.
6. Que
la Potencia administradora intensifique su asistencia al Territorio y adopte
medidas efectivas para la diversificación económica equilibrada y el rápido
desarrollo económico del Territorio.
7. Que
el Comité Especial emprenda un estudio, en consulta con la Potencia administradora
y con representantes de la Guinea Ecuatorial, sobre el mejor modo de garantizar
la asistencia de los organismos especializados, sobre todo en lo que respecta a
la diversificación económica, la educación y la sanidad.
8. Que
la Potencia administradora establezca en el Territorio instituciones de
enseñanza secundaria y superior y acelere la aplicación de programas de
formación adecuados a las necesidades urgentes de la Guinea Ecuatorial, incluso
la formación de africanos en varias esferas de la administración y para cargos
de elevada responsabilidad.
9. Que
la Potencia administradora siga cooperando con las Naciones Unidas garantizando
la participación de éstas en los procesos conducentes a la independencia del
Territorio.
10. Que
la Potencia administradora emprenda una distribución en gran escala del
presente informe sobre la Guinea Ecuatorial y la difusión en el Territorio de
la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos
coloniales (resolución 1514 (XV) de la Asamblea General), así como de la documentación
pertinente sobre la labor del Comité Especial.
El Subcomité aprobó este informe por unanimidad, en la
13a. sesión, que celebró en la Sede el 18 de octubre de 1966.
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